La Comisión Europea (CE) anunció este martes la apertura de tres procedimientos sancionadores contra Hungría por la incompatibilidad de sus polémicas reformas legislativas con el Derecho de la Unión Europea.
El colegio de comisarios, reunido en Estrasburgo (Francia), adoptó la decisión después de llevar a cabo un análisis legal sobre los cambios en la Constitución húngara, impulsados por el Gobierno ultranacionalista del primer ministro, Viktor Orban.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, dijo en declaraciones a la prensa que los procedimientos se dirigen contra las reformas que amenazan la independencia del Banco Central Húngaro y de la autoridad responsable de la protección de datos.
Asimismo, denuncian la decisión del Gobierno húngaro de adelantar la edad obligatoria de jubilación de los jueces a los 62 años, lo que en la práctica se ha traducido en una “purga” que afecta a más de 250 magistrados.
Bruselas ha dado un mes a las autoridades húngaras para tomar las medidas destinadas a enmendar la situación y les ha advertido de que, en caso contrario, el país podría ser denunciado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. La Comisión ha pedido a Hungría además que aporte información sobre las modificaciones que podrían afectar a la independencia del poder judicial, añadió Barroso.
El responsable del Ejecutivo comunitario subrayó que Hungría es “un país clave” para la UE, por lo que la CE quiere “que sobre él deje de planear la duda en lo relativo al respeto de los derechos fundamentales y los valores de la Unión”. “Esperamos que las autoridades húngaras hagan los cambios necesarios para garantizar el respeto del Derecho europeo. Hasta ahora no ha sido así, por ello hemos decidido iniciar los procedimientos de infracción”, explicó.
Sobre la decisión de Bruselas respecto a la reforma que afecta al Banco Central Húngaro y su posible impacto sobre el préstamo de entre 15.000 millones y 20.000 millones de euros que Hungría espera recibir del Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, fuentes comunitarias insistieron en que “son dos cosas separadas”.
En el caso de que las autoridades húngaras no respondieran de manera satisfactoria en el próximo mes, la Comisión les enviaría un dictámen motivado, segundo paso del procedimiento de infracción comunitario, previo a la denuncia ante el Tribunal de la UE.
Bruselas confía en que los problemas se resuelvan a tiempo y no sea necesario recurrir a la Justicia europea, añadieron las fuentes. Para impulsar las conversaciones entre la CE y las autoridades húngaras, Orban se reunirá con Barroso en Bruselas el próximo 24 de enero.
Los puntos más polémicos de la Constitución
Identidad nacional, religión y moral:
•En su preámbulo, la Constitución se encomienda a Dios, al orgullo patrio, a la cristiandad y la familia tradicional. Diversos grupos de derechos civiles critican que la Ley Fundamental no es neutral ni integradora y refleja un excesivo peso de los valores cristianos y nacionalistas.
•La Constitución estipula que la vida del feto debe ser protegida desde la concepción.
•El matrimonio se define como la unión entre un hombre y una mujer. No se especifica la protección de los derechos de los ciudadanos húngaros si son discriminados por su orientación sexual.
•La Constitución incluye la cadena perpetua sin opción de reducción de pena para delitos graves, lo que va en contra de los estándares europeos.
Justicia:
•Tribunal Constitucional. Mediante una ley de rango constitucional incrementa el número de jueces en la alta corte, de 11 a 15, y aumenta el número de años de su mandato, de nueve a doce. También limita sus competencias en materia presupuestaria y tributaria. Los críticos sostienen que el Fidesz, el partido conservador, pretende controlar el alto tribunal, nombrando a nuevos jueces afines que amplíen el Constitucional.
•La Constitución crea, también mediante una ley de rango constitucional, una nueva entidad judicial, la Curia, que supervisa la actividad en la Justicia. El nombramiento de sus integrantes por un mandato de nueve años corre a cargo del Parlamento, donde el Fidesz tiene una abrumadora mayoría. El Gobierno también ha “purgado” a más de 250 jueces reduciendo la edad obligatoria de jubilación a los 62 años.
Banco Central:
•El primer ministro tendrá la capacidad para designar a los vicegobernadores del Banco Central húngaro, mediante una ley de rango constitucional. Hasta ahora, el gobernador ha tenido el derecho de escoger esos dos cargos. También se aumenta de siete a nueve el número de consejeros del banco emisor y establece que esos dos nuevos integrantes serán nombrados por el presidente del país, cuya elección depende del Parlamento, donde el partido del Gobierno, el Fidesz, tiene mayoría absoluta. Bruselas teme que la ley reduzca la independencia del banco nacional. La ley de rango constitucional que regula la actividad del banco emisor, como las demás que asientan la nueva Carta Magna, sólo puede ser modificada con una mayoría de dos tercios del Parlamento, lo que hace muy difícil poder enmendarlas.
Reforma electoral:
•La Constitución sanciona una nueva ley electoral de rango constitucional que beneficia claramente al Fidesz, hasta el punto de que, si se aplicase de forma retroactiva, le hubiera convertido en vencedor de las elecciones de 2002 y 2006, de las que salió un Gobierno de socialistas y liberales.
Fiscalidad:
•Mediante una ley de rango constitucional se otorga un amplio poder al denominado Consejo Fiscal, creado por el Gobierno anterior en 2008, y que podrá vetar los presupuestos y pedir al Parlamento su modificación. Ese veto sólo podrá ejercerlo una vez. Este consejo contará con tres integrantes y dos de ellos dependen de nombramientos del Gobierno de turno por un periodo de seis años. La Constitución establece un tope para la deuda pública del 50% del Producto Interior Bruto (PIB). No se establece un periodo de reducción de la deuda hasta ese techo desde el actual 80%.
Húngaros en el extranjero:
•La nueva Constitución afirma que el Estado húngaro debe asumir la responsabilidad de los dos millones de húngaros que viven en el extranjero, sobre todo en Rumanía, y en menor medida en Eslovaquia y Serbia. Ya no se requiere la residencia en Hungría para poder votar en las elecciones húngaras ni para que los húngaros que viven en terceros Estados adquieran la nacionalidad.
El colegio de comisarios, reunido en Estrasburgo (Francia), adoptó la decisión después de llevar a cabo un análisis legal sobre los cambios en la Constitución húngara, impulsados por el Gobierno ultranacionalista del primer ministro, Viktor Orban.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, dijo en declaraciones a la prensa que los procedimientos se dirigen contra las reformas que amenazan la independencia del Banco Central Húngaro y de la autoridad responsable de la protección de datos.
Asimismo, denuncian la decisión del Gobierno húngaro de adelantar la edad obligatoria de jubilación de los jueces a los 62 años, lo que en la práctica se ha traducido en una “purga” que afecta a más de 250 magistrados.
Bruselas ha dado un mes a las autoridades húngaras para tomar las medidas destinadas a enmendar la situación y les ha advertido de que, en caso contrario, el país podría ser denunciado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. La Comisión ha pedido a Hungría además que aporte información sobre las modificaciones que podrían afectar a la independencia del poder judicial, añadió Barroso.
El responsable del Ejecutivo comunitario subrayó que Hungría es “un país clave” para la UE, por lo que la CE quiere “que sobre él deje de planear la duda en lo relativo al respeto de los derechos fundamentales y los valores de la Unión”. “Esperamos que las autoridades húngaras hagan los cambios necesarios para garantizar el respeto del Derecho europeo. Hasta ahora no ha sido así, por ello hemos decidido iniciar los procedimientos de infracción”, explicó.
Sobre la decisión de Bruselas respecto a la reforma que afecta al Banco Central Húngaro y su posible impacto sobre el préstamo de entre 15.000 millones y 20.000 millones de euros que Hungría espera recibir del Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, fuentes comunitarias insistieron en que “son dos cosas separadas”.
En el caso de que las autoridades húngaras no respondieran de manera satisfactoria en el próximo mes, la Comisión les enviaría un dictámen motivado, segundo paso del procedimiento de infracción comunitario, previo a la denuncia ante el Tribunal de la UE.
Bruselas confía en que los problemas se resuelvan a tiempo y no sea necesario recurrir a la Justicia europea, añadieron las fuentes. Para impulsar las conversaciones entre la CE y las autoridades húngaras, Orban se reunirá con Barroso en Bruselas el próximo 24 de enero.
Los puntos más polémicos de la Constitución
Identidad nacional, religión y moral:
•En su preámbulo, la Constitución se encomienda a Dios, al orgullo patrio, a la cristiandad y la familia tradicional. Diversos grupos de derechos civiles critican que la Ley Fundamental no es neutral ni integradora y refleja un excesivo peso de los valores cristianos y nacionalistas.
•La Constitución estipula que la vida del feto debe ser protegida desde la concepción.
•El matrimonio se define como la unión entre un hombre y una mujer. No se especifica la protección de los derechos de los ciudadanos húngaros si son discriminados por su orientación sexual.
•La Constitución incluye la cadena perpetua sin opción de reducción de pena para delitos graves, lo que va en contra de los estándares europeos.
Justicia:
•Tribunal Constitucional. Mediante una ley de rango constitucional incrementa el número de jueces en la alta corte, de 11 a 15, y aumenta el número de años de su mandato, de nueve a doce. También limita sus competencias en materia presupuestaria y tributaria. Los críticos sostienen que el Fidesz, el partido conservador, pretende controlar el alto tribunal, nombrando a nuevos jueces afines que amplíen el Constitucional.
•La Constitución crea, también mediante una ley de rango constitucional, una nueva entidad judicial, la Curia, que supervisa la actividad en la Justicia. El nombramiento de sus integrantes por un mandato de nueve años corre a cargo del Parlamento, donde el Fidesz tiene una abrumadora mayoría. El Gobierno también ha “purgado” a más de 250 jueces reduciendo la edad obligatoria de jubilación a los 62 años.
Banco Central:
•El primer ministro tendrá la capacidad para designar a los vicegobernadores del Banco Central húngaro, mediante una ley de rango constitucional. Hasta ahora, el gobernador ha tenido el derecho de escoger esos dos cargos. También se aumenta de siete a nueve el número de consejeros del banco emisor y establece que esos dos nuevos integrantes serán nombrados por el presidente del país, cuya elección depende del Parlamento, donde el partido del Gobierno, el Fidesz, tiene mayoría absoluta. Bruselas teme que la ley reduzca la independencia del banco nacional. La ley de rango constitucional que regula la actividad del banco emisor, como las demás que asientan la nueva Carta Magna, sólo puede ser modificada con una mayoría de dos tercios del Parlamento, lo que hace muy difícil poder enmendarlas.
Reforma electoral:
•La Constitución sanciona una nueva ley electoral de rango constitucional que beneficia claramente al Fidesz, hasta el punto de que, si se aplicase de forma retroactiva, le hubiera convertido en vencedor de las elecciones de 2002 y 2006, de las que salió un Gobierno de socialistas y liberales.
Fiscalidad:
•Mediante una ley de rango constitucional se otorga un amplio poder al denominado Consejo Fiscal, creado por el Gobierno anterior en 2008, y que podrá vetar los presupuestos y pedir al Parlamento su modificación. Ese veto sólo podrá ejercerlo una vez. Este consejo contará con tres integrantes y dos de ellos dependen de nombramientos del Gobierno de turno por un periodo de seis años. La Constitución establece un tope para la deuda pública del 50% del Producto Interior Bruto (PIB). No se establece un periodo de reducción de la deuda hasta ese techo desde el actual 80%.
Húngaros en el extranjero:
•La nueva Constitución afirma que el Estado húngaro debe asumir la responsabilidad de los dos millones de húngaros que viven en el extranjero, sobre todo en Rumanía, y en menor medida en Eslovaquia y Serbia. Ya no se requiere la residencia en Hungría para poder votar en las elecciones húngaras ni para que los húngaros que viven en terceros Estados adquieran la nacionalidad.
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