"COLGADOS DEL PRECIPICIO"

En un par de meses se reproducirán las tensiones tanto en EEUU como en España por culpa del déficit.


El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, habitual lector de esta columna, no quería reconocer hasta ahora que las autonomías usaban los atrasos en el pago a sus proveedores como una manera de esconder el déficit. Lo entiendo, porque había anunciado que el control sobre las cuentas de los Gobiernos regionales era prácticamente absoluto. Los datos de su propio departamento de Hacienda lo delataron, sin embargo. Hasta 13.000 millones existían a octubre en retrasos en los pagos de las Administraciones Públicas, no sólo a proveedores, sino incluso a personas contratadas directa o indirectamente por éstas.

En el encuentro con la prensa celebrado con ocasión de la Navidad, Montoro aseguró que tomaría medidas y que antes del verano acabaría con esta práctica. En honor a la verdad, reconozco que está en vías de cumplirlo. Hacienda anunció primero que aplicaría la ley de morosidad, que prevé gravar las demoras con un recargo del 8 por ciento. La segunda actuación, dada a conocer esta semana, permitirá a los acreedores cobrar de Hacienda, que después descontará la cantidad a la Administración morosa. El plan me parece magnífico si se cumple y estamos satisfechos de que nuestras informaciones quizá hayan influido en la resolución de este problema, causante de la mortandad de muchas empresas.

El ministro de Hacienda metió un pequeño gazapo en el Presupuesto, como se descubrió esta semana. Puso que la Seguridad Social cerraría en equilibrio, pero ha perdido casi 800.000 cotizantes en el año. Una cifra que augura un desajuste en sus cuentas de en torno a 10.000 millones, el 1 por ciento del PIB. Afortunadamente, Montoro compensará esta desviación con los ingresos procedentes de la subida del IVA y de otros impuestos, así como con el menor incremento de las pensiones. Gracias a ello, es muy probable que el déficit del Estado cierre en el año según lo previsto, en torno al 4,5 por ciento del PIB. Otro cantar son el resto de las Administraciones. Sorprendentemente, hasta cinco autonomías gobernadas por el PP incumplirán su objetivo de déficit, mientras que Cataluña puede alcanzar lo previsto.

Si se analizan las cuentas, se comprueba que estos buenos datos logrados por el conseller de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, se deben en gran parte a la venta de activos. Junto a los 1.570 millones en reducción del gasto, habrá ingresos extraordinarios de unos 600 millones por la concesión de los túneles de Vallvidrera y Cadí, y de Aguas del Llobregat. La urgencia de la Generalitat por cobrar en el último caso abrió una batalla entre Acciona y Aguas de Barcelona (Agbar).

Con independencia de quién se lleve el gato al agua, la reclamación de Agbar debería servir para dar transparencia a los contratos públicos. No es de recibo que la Generalitat adjudique mil millones a Acciona o a cualquier empresa y se niegue a detallar los motivos técnicos y económicos del concurso. Eso explica escándalos como el del Palau o el de las ITV, cuyos juicios están pendientes de reabrirse.

Pero, si Cataluña cumple, aunque sea a costa de vender las joyas de la corona, y Castilla-La Mancha no, alguien lo tendrá que explicar despacito. La presidenta de esta región, María Dolores de Cospedal, es secretaria general del PP. No es admisible que la radiotelevisión pública castellano-manchega cueste alrededor de 50 millones anuales y se mantenga con leves recortes, y luego se pretenda dar imagen de austeridad con sólo suprimir la remuneración de sus diputados. La gestión de la secretaria general del PP tiene mucho de maquillaje.

Punto y aparte es el presidente extremeño, José Antonio Monago, que desafía al Gobierno con la paga extra a sus funcionarios y después sobrepasa el déficit. Montoro no debería permitirlo. El caso más sangrante es el de la Comunidad Valenciana. Alberto Fabra apenas redujo el 20 por ciento el gasto prometido. Con estos datos, el Gobierno no está en condiciones de intervenir ninguna autonomía. Y menos Cataluña o Andalucía. La permisividad con respecto a los Ejecutivos autonómicos del PP alimentará el desafío de Artur Mas y de José Antonio Griñán.

La prima de riesgo concluyó ayer en 350 puntos básicos, con un descenso de casi el 50 por ciento frente a los máximos de julio. El acuerdo de mínimos alcanzado por Obama en EEUU relajó las tensiones. La cuestión es si será un nivel sostenible cuando se conozcan los datos definitivos sobre los desajustes autonómicos, hacia febrero.

Pese al optimismo con el que arrancaron el año las bolsas, persisten desafíos importantes a ambos lado del Atlántico. En EEUU, las tensiones se reproducirán, como aquí, en un par de meses, cuando se aproxime la fecha límite dada por el Congreso para el recorte presupuestario. Pese a que los republicanos aceptaron por primera vez en 20 años un alza de impuestos, no están dispuestos a subir más sin un drástico recorte del gasto. Como en el caso de España, estamos ante un espejismo; el precipicio fiscal se ha desplazado unos meses, pero no ha desaparecido.

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